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Sumaq Justicia: Construyendo una justicia bonita para las mujeres rurales

Publicado: 2022-11-28

por Daniella Toce

Todos los días, miles de mujeres son víctimas de violencia en el Perú. Una violencia que se hace presente en múltiples niveles: pasa desapercibida como comentarios o chistes, existe en forma estructural como estereotipos y sesgos, y llega hasta sus expresiones más extremas en las violencias física y sexual y el feminicidio. En lo que va de 2022, 112 789 mujeres reportaron casos de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estos representan solo el 30% del volumen real de casos de violencia que se dan en el país. ¿Por qué no se denuncian más?

El Perú vive una crisis de confianza. Año a año, crece el nivel de desconfianza de las personas en las instituciones que tienen que representar sus intereses. Denunciar un caso de violencia es una tarea complicada: desde que toman la decisión, las mujeres se enfrentan a múltiples barreras que dificultan el acceso a la justicia. Además, requiere de mucha valentía y vulnerabilidad de parte de las víctimas. Y aun si una mujer denuncia un caso de violencia, precedentes señalan que no hay garantía de que su agresor sea sancionado o que no vaya a tomar represalias contra ella. Entonces, ¿cómo impulsamos el acceso a la justicia en un país que no confía?

Un camino en la justicia de paz 


A Lino Jesús Gálvez Blanco, del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgáyoc, en Cajamarca, miembros de su comunidad lo eligieron y nominaron el 2010 como juez de paz. Los mismos vecinos y vecinas que en los doce años siguientes lo reelegirían hasta tres veces para continuar siendo autoridad.

No sería el primer cargo que Lino ejerciera en favor de su comunidad. Ya antes se había desempeñado como dirigente de las rondas campesinas del distrito, velando por la seguridad de todos y todas. Este precedente ganó la confianza necesaria para que su comunidad lo mirara como un referente, un buen ciudadano que pudiera asumir con diligencia el cargo de juez de paz.

Lino Jesús Gálvez Blanco, juez de paz de Bambamarca

“Ser juez de paz en una comunidad es un cargo de apoyo, porque yo soy uno más”. Comenta Lino, “Soy del comité de rondas, hago mis faenas comunales como cualquiera. Somos vecinos.”

Así como a Lino lo eligieron sus vecinos, hay en el Perú un aproximado de 6000 jueces y juezas de paz en quienes ha sido depositada la misma confianza para atender y mantener la paz en las comunidades; principalmente en zonas rurales del país a donde las instancias estatales de justicia no llegan con facilidad. Con su labor, cumplen un rol clave al permitir el acceso a la justicia de las personas de su comunidad, impulsando el ejercicio pleno de sus derechos y una convivencia democrática.

En este rol, representan también al Poder Judicial, lo que les faculta para conciliar en casos de conflictos familiares, sociales y comunitarios que amenacen la paz, de acuerdo con su criterio cultural. A excepción de casos de violencia, en los que pueden acompañar el proceso de atención y denuncia, mas no conciliar.

“La violencia se atiende de inmediato,” señala Flor Arroyo Vidalón, jueza de paz de la localidad de Casapalca, provincia de Huarochirí, Lima; la región que concentra el 30% de los casos reportados en los CEM. Flor lleva nueve meses siendo jueza, motivada a hacer un cambio, cuando observó que en su comunidad había mucha violencia contra las mujeres. “Es un reto que asumo con mucho entusiasmo. Como mujer, quiero hacer respetar nuestros derechos: quiero hacer que se valoren, que sepan que sí podemos.”

Flor arroyo vidalón, jueza de paz de casapalca

Si bien Flor no concilia casos de violencia, articula con otros actores inmediatamente cuando las mujeres llegan a ella a buscar ayuda. Como jueza de paz, trabaja de forma conjunta con la policía, el Ministerio Público, Ministerio del Interior y los Gobiernos Regionales, entre otros, para ofrecer a las víctimas la posibilidad de atención, denuncia y sanción en sus casos.

Pero quizás lo más importante que ofrece Flor a las mujeres víctimas de violencia es empatía y entendimiento. Empatía para escuchar sus casos, “no como autoridad, sino como una amiga” y construir un espacio en el que se sientan seguras para denunciar. Asegurándoles que entiende sus situaciones y que tienen su apoyo como jueza y como vecina.

Sobre esta confianza se construye su labor.

Una justicia bonita


“La justicia es más allá de lo que está escrito, es la verdad”, dice Lino.

Como miembros de la comunidad, los jueces y juezas de paz conocen la realidad y cultura de sus localidades. Así, pueden tener una visión amplia de los problemas que se les presentan, interpretando la ley para que responda a las complejidades del contexto donde se desarrollan.

De la misma manera, la cercanía del juez o jueza de paz con la comunidad garantiza a las personas que podrán acceder a la justicia en su propio idioma. En el Perú, 4 millones 390 mil 88 personas declararon como lengua materna un idioma indígena en 2017; la mayoría de estas personas se encuentran en zonas rurales. La presencia de juzgados de paz que atiendan en los idiomas propios de las localidades fortalece la confianza de las personas en la justicia.

En su labor, los jueces y juezas de paz pueden tomar decisiones de acuerdo con su criterio cultural. De esta manera, se asegura un enfoque intercultural, cercano a las personas, consciente de sus realidades y necesidades. Esto resulta fundamental cuando se trata de acompañar casos de violencia contra las mujeres, particularmente mujeres rurales. Para que más mujeres puedan encontrar un espacio seguro en el cual buscar justicia, los jueces y juezas de paz deben procurar que el proceso de presentar una denuncia sea cercano, empático y familiar en su idioma.

Para Flor, la justicia es equitativa e invaluable. Es para todas las personas, independientemente de quiénes sean o dónde estén. “Porque donde la gente necesite justicia, ahí vamos a estar,” dice sobre jueces y juezas de paz, “No perdamos la confianza”.

Desde 2012, la Ley de Justicia de Paz faculta y regula la labor de miles de jueces y juezas en todo el territorio nacional. Personas que, a través de una labor voluntaria, hacen que la justicia sea rápida y accesible para las personas en zonas de difícil acceso. Pero para lograr una sumaq justicia, es importante que esta sea empática y cercana. Que considere las particularidades de cada zona y las vivencias de cada persona. Que ofrezca un lugar seguro a las mujeres víctimas de violencia, donde haya un juez o jueza para escucharlas.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto al Poder Judicial (a través de la Comisión de Justicia de Género, y la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz – ONAJUP) con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA, implementan desde 2021 el proyecto Sumaq Justicia: Una justicia de paz frente a la violencia, en las zonas rurales de cuatro distritos judiciales del Perú (Lima Este, Huancavelica, Junín y Cajamarca). Esta alianza es clave para la reducción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a través del fortalecimiento de capacidades que garantice una justicia buena, accesible y culturalmente pertinente.


Escrito por

PNUD Perú

Somos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú. Trabajamos para lograr mejores oportunidades para todas y todos.


Publicado en

PNUD Género

Un espacio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú para reflexionar sobre el reto de la igualdad de género.