Por Andrés Espinoza y Sonia Perez (PNUD)

Con la llegada de la COVID-19 millones de familias peruanas se resguardaron en sus casas para protegerse; pero el miedo a contagiarse no fue lo único que invadió los hogares: las llamadas reportando casos de violencia incrementaron notoriamente. Las víctimas convivían con sus agresores. Una convivencia que se hacía más dramática sin el óptimo funcionamiento de los servicios de atención y acceso a la justicia, debido al riesgo de contagio.

Esto, sumado al poco nivel de confianza preexistente por parte de las víctimas hacia el sistema de justicia, debido a las demoras en los procedimientos, hizo que el Estado peruano tomara este momento como una oportunidad de transformación para iniciar un acelerado proceso de adaptación de sus dinámicas y servicios, entre ellos: la modernización del acceso a la data, integrando el uso de tecnologías de la información; y la adecuación de los procedimientos a las medidas de seguridad, necesaria para mitigar los riesgos de contagio.

El Ministerio Público identificó dos necesidades urgentes: la adaptación de las cámaras Gesell y Salas de Entrevista Única, espacios para acoger el testimonio de las víctimas y evitar su revictimización, que en muchos casos no contaban con la ventilación adecuada representando un alto riesgo de contagio por COVID-19; y la mejora en el acceso de los fiscales a pericias del Instituto de Medicina Legal, lo cual repercute en la temporalidad de los procesos.

En este complejo escenario, el trabajo articulado entre el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), logró una nueva directiva para el uso de Cámaras Gesell y Salas de Entrevista Única, que además de las medidas de bioseguridad incorporó los enfoques de derechos humanos, género, discapacidad y niñez. Asimismo, para avanzar hacia una respuesta oportuna a las víctimas, se ha puesto en marcha la modernización del manejo de data entre el IML y el Ministerio Público, con una plataforma digital que permitirá a fiscales acceder de manera inmediata a las pericias del IML.

Protocolos para prevenir la COVID-19, enfoques de derechos para incluir a todas las víctimas y modernización del Estado, a través de la digitalización de data y servicios, para la aceleración de la atención, han sido las claves de este trabajo conjunto en medio de una de las más graves crisis sanitaria y social.

Una oportunidad para volver a empezar

Las víctimas de violencia son múltiples en sus identidades. Hablamos de mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, que tienen necesidades diferentes. Kelly Calderón, fiscal superior y coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia Contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar menciona que “Había preguntas constantes de parte de los fiscales sobre cómo tratar con una persona con discapacidad visual y cómo adaptar el servicio a los tiempos de las mujeres. Nos preguntaban: ¿qué hago en este supuesto?, me está sucediendo esto en mi Cámara Gesell y no sé cómo manejarlo”.

“Había preguntas constantes de parte de los fiscales sobre cómo tratar con una persona con discapacidad visual y cómo adaptar el servicio a los tiempos de las mujeres. Nos preguntaban: ¿qué hago en este supuesto?, me está sucediendo esto en mi Cámara Gesell y no sé cómo manejarlo” (Fiscal Kelly Calderón). 

Y es que, con el confinamiento, muchas mujeres tuvieron que sumar a las tareas del hogar el acompañar a los hijos e hijas en las clases virtuales, lo cual sobrecargaba sus tiempos y restaba opciones para agendar una cita en la Cámara Gesell. Asimismo, se había constatado que las personas con discapacidad usuarias del servicio requerían de una infraestructura accesible y de intérpretes o personas cuidadoras que las acompañasen.

Para Calderón estas alertas se debían transformar en una propuesta integradora que contribuyera a la mejora del Estado. La fiscal afirma que la pandemia fue el momento clave para que los operadores de justicia reconsideraran los enfoques con los que estaban trabajando “La directiva de Cámara Gesell no recogía el enfoque de la víctima, sino el del psicólogo como facilitador y el del fiscal como operador de justicia”. Este es un caso concreto en que el sistema de justicia tomó la pandemia como una oportunidad para mirar hacia adentro y reinventarse, buscando con ello acercarse a las necesidades de las víctimas.

Acogiendo durante la pandemia

Relatar los hechos y revivir la situación sufrida por las víctimas es un proceso complejo y delicado, sobre este punto, la fiscal Calderón menciona: “La Cámara Gesell tiene la función de ofrecer un espacio seguro y amigable con un profesional preparado que procura recoger el testimonio”. Por ello, se busca que la entrevista sea única y que la víctima no se vea expuesta a escenarios de revictimización, al tener que repetir -ante distintas instancias de justicia- su relato. Sumado a esto, los nuevos tiempos exigen la generación de espacios seguros en dos aspectos claves: la prevención de la COVID-19 y condiciones adecuadas para que toda víctima de violencia pueda relatar los hechos. La nueva directiva incorporó ambos criterios, pero el cambio no fue sencillo.

“Se reajustaron los horarios, si antes veníamos a trabajar 6 horas ahora eran 12 horas porque con la pandemia se atendieron solo las entrevistas de casos flagrantes, es decir que ocurrieron en el momento" (psicólogo forense Johnny Rivera).

Johnny Rivera, psicólogo forense del distrito fiscal de Lima Noroeste, cuenta que adaptarse al cambio costó porque “con el uso de mascarillas y barreras acrílicas se dificultaba la lectura visual del testimonio de la víctima”. El kit de protección indicado en la nueva directiva incluye elementos de protección como chaquetas, guantes, doble mascarilla, protector facial y un vidrio o mica que funciona como barrera protectora entre la víctima y el psicólogo forense. A pesar de la dificultad de trabajar con estos materiales, los psicólogos han podido agudizar sus sentidos y leer el lenguaje corporal de las víctimas.

Del mismo modo, el cambio implicó más horas de trabajo ya que, según Rivera, “se reajustaron los horarios, si antes veníamos a trabajar 6 horas ahora eran 12 horas”. Esto sucedió porque con la pandemia se atendieron solo las entrevistas de casos flagrantes, es decir que ocurrieron en ese momento. Las entrevistas acumuladas durante los primeros meses de la pandemia se han ido atendiendo paulatinamente con horas extras de atención.

Este trabajo se ha visto aligerado gracias a las herramientas tecnológicas facilitadas en el marco de la colaboración entre PNUD y el IML: cámaras para poder atestiguar la entrevista desde salas de Google Meet privadas y equipos de audio que facilitan la digitación del testimonio. Con ello se busca reducir el aforo necesario para las entrevistas de Cámara Gesell y de esta forma salvaguardar la salud de los operadores de justicia y de la víctima.

Una justicia a tiempo

La mejora de este y otros procedimientos de acceso a la justicia abre el camino a nuevas posibilidades y cambios. Como comenta la fiscal Calderón, una de sus mayores preocupaciones es que muchas víctimas se han sentido decepcionadas del sistema de justicia por una atención que no fue oportuna y han dejado de continuar con sus procesos judiciales. Por ello, asegurar el principio de prontitud del acceso a la justicia es clave para este cambio.

En ese sentido, se ha emprendido un camino hacia la modernización del manejo de datos del IML, que consiste en crear un sistema informático que permite el acceso rápido y oportuno por parte de las y los fiscales a los peritajes realizados por el IML a víctimas de violencia. El ahorro en tiempo y agilización de la atención es incalculable, y el impacto en la víctima es muy positivo ya que “su percepción sobre el acceso a la justicia mejora considerablemente”.

La incorporación de enfoques y de nuevas tecnologías han sido un hito en la modernización de los servicios del Estado. Estas actividades han sido implementadas con el apoyo del PNUD, desde el proyecto Acceso a la Justicia para las Mujeres, lo que demuestra el potencial de la sinergia entre Estado y cooperación internacional, para el desarrollo de iniciativas que contribuyan al logro de cierre de brechas en el derecho al acceso a la justicia por parte de las mujeres.